Según la guía de la OMS ¿en qué falló el Gobierno de San Luis para abordar de la mejor manera el avance del coronavirus?

El 1º de junio del 2020 la Organización Mundial de la Salud publicó una guía dirigida a los Estados nacionales y subnacionales con el objetivo de brindar una serie de herramientas para afrontar de la mejor manera la pandemia del coronavirus.

A lo largo de las 63 páginas, la publicación “Mantenimiento de los servicios de salud esenciales: orientaciones operativas en el contexto de la Covid-19” pretende proveer de recomendaciones para que el crecimiento de contagios no afecte el sistema sanitario de los distritos y evitar el colapso.

Dicho esto, a través de la lectura de los ocho capítulos, se permite dilucidar los diferentes errores o políticas erradas que implementaron las autoridades del Gobierno provincial desde el inicio de la pandemia en San Luis allá por marzo del año pasado.

Antes de ingresar a desmenuzar las medidas fallidas hay que entrar en el contexto sanitario puntano. Con 89.533 casos, la provincia se ubica como uno de los principales distritos que más se vieron afectados con la segunda ola.

En la actualidad, si bien los contagios bajaron y la vacunación avanzó (a cuenta gotas), las cifras de mortalidad frente a la enfermedad permanecen con niveles altos.

Más allá de que, si lo comparamos en los picos de la pandemia hay un descenso, no son los que pretenden: durante la última semana el promedio diario de fallecidos fue de 4,7.

Durante semanas se reportaron jornadas con récords de muertes que llegaron hasta las 14 por día.

Los peores meses con mayores números de decesos en la provincia fueron este año. Estos fueron mayo con 285, junio con 217, julio con 201, octubre con 125 y agosto que, en 21 días, tuvo 123. El total de vidas perdidas es de 1332.

La mayor cantidad de muertes por millón de habitantes se encuentra en el rango etario por encima de los 80 años. Según los datos del ministerio de Salud de la Nación, la tasa de mortalidad de ese grupo en la provincia es de 26.053.

Para dimensionar el elevado registro la población que va de los 40 a 49 presenta una tasa de 1330 y los adolescentes y niños de 0 a19 una de 24.

Hay dos indicadores claves que son utilizados por los gobiernos para contemplar o no restricciones: la tasa de incidencia y la razón epidemiológica. Ambas sirven para conocer cómo se encuentra el escenario.

Si retrocedemos en el tiempo, al punto máximo de la pandemia registrado durante abril de este año se podrá observar cómo impactó y comenzó la segunda ola.

El primero de ellos da cuenta de los contagios cada 100 mil habitantes de las últimas dos semanas. Ese mes San Luis llegó a mantener un índice de 1.774, cuando la cifra límite es de 150.

En tanto que el segundo se obtiene del resultado de dividir entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos. El límite establecido es de 1,20 y San Luis superó múltiples veces los dos puntos.

El otro dato que se observa es la tasa de positividad. Fijado el tope en 15%, hubo días que se ubicaron por encima del 25%. Hoy la cifra bajó.

Más allá de los alarmantes números, la administración de Alberto Rodríguez Saá delegó la responsabilidad de los cuidados a los ciudadanos y no anunció medidas concretas.

“Ya no depende mí”, sostuvo el mandatario en un reporte extraordinario comunicado el viernes 23 de abril.

¿Cuáles son las “medidas claves”?

Este es el término utilizado por la OMS para dar cuenta de las estrategias recomendadas para los Estados y uno de los puntos neurálgicos es la conformación y la correcta coordinación de un grupo de seguimiento de la pandemia, algo que todas las gobernaciones lo implementan.

De entrada el organismo marca que se deben fijar mecanismos para que, en el caso de que los servicios sanitarios de rutina “se vean comprometidos”, activar protocolos para la “repriorización gradual y adaptación de los servicios”.

Aquí falló el Gobierno de San Luis. En la mayor parte de la pandemia no fijó parámetros para que, una vez superados, comenzar con la inmediata asignación o reacomodamiento de recursos.

Y cuando fueron estipulados los indicadores como la tasa de incidencia y la razón epidemiológica de manera oficial, hoy en los papeles no es seguido.

No hay que irse demasiado lejos para observar esto. Cuando ni siquiera eran superadas estas líneas, la reacción era implementar la Fase 1. Con factores superados casi por escándalo, el Comité no tomó medidas.

Incluso, la OMS puntualiza que la implementación “se debe coordinar con los proveedores de los servicios público y el privado”, pero desde un comienzo el Gobierno asumió todo el control ligado al coronavirus sin dejar que clínicas o sanatorios participen de la toma de decisiones.

“A medida que evoluciona la pandemia, es probable que estos ciclos se repitan, con la necesidad de iniciar, detener y reiniciar las adaptaciones del servicio”, reza el paper científico.

El siguiente punto es que se deben “establecer o mantener los mecanismos de coordinación entre las autoridades financieras y de salud para garantizar la financiación de los servicios de salud esenciales y facilitar la adaptación, la restauración y la transformación adecuadas de los servicios”.

Aquí en varias ocasiones el acceso a la salud fue, por lo menos, limitado. Un ejemplo claro de ello sucedió en Tilisarao a comienzos de septiembre cuando el Gobierno decidió cerrar el único hospital del pueblo debido a que parte del personal se contagió.

Tampoco se delineó una “hoja de ruta para reducir o reanudar de forma progresiva los servicios a medida que la presión sobre el sistema de salud crezca o disminuya”. Nuevamente aparece la falta de previsión del Gobierno al no establecer mecanismos para seguir.

Bajo la misma línea los profesionales señalan que es necesario “asegurar la continuidad de las medidas de reducción y mitigación de riesgos de transmisión de la enfermedad”.

La principal “arma” es el “fortaleciendo los programas de prevención y control de infecciones para aplicar las medidas prioritarias en todos los programas”. Esta es otra de las falencias en las que aparecen contradicciones a lo largo de la pandemia.

Desde el feroz control policial y la cacería de brujas, al libre azar, al no control, los programas preventivos desaparecieron del radar del Gobierno.

A esto se solicitó “garantizar la disponibilidad de servicios de medicina intensiva y de urgencias durante las 24 horas del día en las unidades de urgencias de los hospitales de primer nivel (o similares)”.

“Establecer mecanismos para aislar a los pacientes en todos los establecimientos de salud en consonancia con las orientaciones más recientes”, sostiene el documento.

Lejos de esto, la provincia contó con tres centros de salud (el Hospital San Luis;  Juan Domingo Perón en Villa Mercedes y el Madre Catalina Rodríguez en la Villa de Merlo) dedicados a pacientes contagiados. El Hospital Ramón Carrillo asignó un ala por un corto tiempo para enfermos leves porque ya cerró el sector y el “Verónica Bailone” se sumó hace pocos meses Villa Mercedes.

Aquí hay que hacer un paréntesis respecto a los centros de aislamientos o de pacientes leves que fueron cerrados pese a que la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá aseguró que “están funcionando” y que “la gente no quiere aislarse en ellos”.

Distribuidos por casi todo el territorio puntano, tenían como objetivo “evitar el esparcimiento del virus” pero la arbitrariedad con la que se actuó y la falta de criterio, sumado a las críticas por las condiciones, hizo que poco a poco el Gobierno decidiera que la gente se cuide en sus hogares.

Además, la OMS hace hincapié en la situación laboral del personal sanitario y señala que se deben hacer evaluaciones rápidas sobre la disponibilidad, la capacidad y la distribución” de los trabajadores.

Así, pidió “coordinar la financiación adicional para garantizar el pago puntual de los salarios, las horas extraordinarias, las licencias por enfermedad y los incentivos o la prestación por peligrosidad, incluido para los trabajadores temporales”.

Desde comienzos de la pandemia, gremios y representantes del sector manifestaron múltiples problemas en relación al incumplimiento del pago de bonos salariales y precarización laboral disfrazados de contratos.

La asignación de herramientas para el trabajo en tareas claves, fue un problema al inicio. En el interior provincial se presentaron casos en que diferentes nosocomios no poseían elementos de protección personal.

Otro punto es que “se debe ampliar la cantidad de personal sanitario”. En San Luis no se cumplió. Tanto la Asociación de Profesionales de la Salud (APTS) como la Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina (ATSA), enviaron varias notas al ministerio de Salud para incorporar más trabajadores, pero los pedidos no se contemplaron.

Los ataques hacia ellos, como el mensaje del gobernador acusándolos de que “comparten el mate”, no está en la órbita del organismo, sino todo lo contrario, pide “proporcionar apoyo práctico y emocional a través de redes informales”.

Se solicita “documentar las respuestas de adaptación (por ejemplo, las teleconsultas, la atención primaria integrada, las modificaciones de las vías de derivación) puestas en práctica durante la fase pandémica que podrían integrarse en el sistema de salud más a largo plazo”. Política que en San Luis nunca se aplicó.

En cuanto a la comunicación respecta, las falencias son varias. La primera es que se debe “divulgar información para guiar el comportamiento seguro de recursos a la atención de salud”.

El ocultamiento de las camas de internación ocupadas hasta la fecha, bajo el argumento de “no generar psicosis”, es una demostración. El número oficial del personal sanitario contagiado o el número de muertes, es desconocido.

“Asegurarse de que el personal con conocimientos adecuados de gestión y utilización de los productos y de detección de fuentes de suministro locales participe en los procesos, en particular para obtener medicamentos, equipos de protección personal, oxígeno, productos de la cadena de frío y pruebas diagnósticas”, señala el organismo.

Esto tampoco tuvo bajo el paraguas de Rodríguez Saá. La falta de oxígeno medicinal para pacientes con enfermedades crónicas fue un complejo escenario para las familias en su momento.

“Localizar las fuentes de información en las que confíe el público como las consultas de atención primaria, las farmacias, los trabajadores y dirigentes de la salud de la comunidad y las redes de compañeros”, asevera el escrito.

El monopolio de la información es acaparado en su totalidad por el Gobierno y no deja que externos compartan información. “Hay que utilizar múltiples enfoques de comunicación”, manifiesta la OMS.

A través del régimen de “Acceso a la Información Pública” (Ley N° V-0924-2015), este medio requirió que brindara detalles del proceso de vacunación, sobre todo aquellos denominados VIP que decidieron saltar la fila de espera. Nunca se recibió una devolución.